sábado, 16 de agosto de 2008

25 ciudades se quedarán sin vuelos si se deja quebrar a Aerolíneas

Así, volvió a criticar la iniciativa de la oposición, que apunta a que el Estado cree una nueva línea aérea de bandera en lugar de hacerse cargo de la actual. Y apeló a la "responsabilidad" de los legisladores para que aprueben la reestatización.
En un nuevo gesto destinado a que la presión de la opinión pública en el debate por Aerolíneas Argentinas la sufran más los que rechazan el proyecto reestatizador del Gobierno, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, apeló hoy a la "responsabilidad" de los legisladores para que no dejen sin vuelos a "25 ciudades del país".
Si "como pide la oposición" se deja quebrar a Aerolíneas Argentinas, habrá "más de 25 ciudades del país que se quedarán sin vuelos". Entonces, "hay que decirles a los gobernadores de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, Tierra del Fuego, que son los lugares a los que solo llegan Austral y Aerolíneas, que no van tener vuelos hasta que podamos armar una nueva empresa como pide la oposición", argumentó Jaime.
Esta semana, legisladores del radicalismo, la Coalición Cívica, PRO, el adolfismo y varios monobloques se unieron detrás de una iniciativa que rechaza el proyecto que el Gobierno giró a Diputados para reestatizar Aerolíneas y Austral y propone la creación de una nueva línea de bandera que incorpore los destinos y trabajadores de esas dos empresas.
Según Jaime, su oficina estuvo buscando conseguir un avión "durante más de dos semanas, y recién pudo convencer a uno de los mismos a los que se les debe dinero de obtener una aeronave que tardará más de 40 días en llegar". "Imagínese el tiempo que demandaría iniciar una empresa nueva. ¿Qué les decimos a los 9.200 empleados de Aerolíneas y Austral?", cuestionó.
El funcionario inistió, además, en que el Gobierno no quiere "hacerse cargo de la deuda" de Aerolíneas, estimada en US$ 890 millones. Según el acuerdo firmado con Marsans para la reestatización, cada parte presentará una valuación de la compañía y si no hay acuerdo se recurrirá a un tasador imparcial; de ahí saldría cuánto debería pagar el Estado o de qué parte de la deuda se debería hacer cargo.
El acuerdo establece un plazo de 60 días que ya está corriendo mientras se discute la reestatización en el Congreso. Y ante un proyecto legislativo que aparece como el desafío mayor del Gobierno desde el rechazo a las retenciones móviles a las exportaciones agrarias, el oficialismo sigue mostrándose confiado en que, esta vez, su propuesta será respaldada por el Parlamento.

Fuente: eloncedigital.com.ar

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